El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, obtuvo este viernes el beneficio de detención domiciliaria. Tras una audiencia de cesación a la detención preventiva, la autoridad jurisdiccional determinó que el exdirigente minero abandone el penal de máxima seguridad de Chonchocoro para continuar su proceso en la ciudad de Oruro.
Huarachi es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión, dentro del denominado «Caso Coimas» vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La medida fue dictada pese a la férrea oposición del Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia.
La resolución judicial establece que Huarachi deberá cumplir arresto domiciliario sin salida laboral, arraigo, presentación semanal ante el Ministerio Público y el respaldo de tres garantes personales.
Sin embargo, el abogado denunciante, Abel Loma, expresó su profunda extrañeza ante la ausencia de una fianza económica y denunció que el actual ejecutivo de la COB, Mario Argollo, presentó un memorial que habría favorecido la salida de su antecesor. Loma también advirtió sobre supuestos «tratos diferenciados» dentro de Chonchocoro, señalando que Huarachi ocupaba una celda con comodidades que anteriormente perteneció al exgobernador Luis Fernando Camacho.
Huarachi había sido enviado inicialmente a la cárcel de San Pedro en noviembre de 2025, tras detectarse depósitos bancarios no justificados por al menos Bs 40.000. En febrero de 2026, fue trasladado a Chonchocoro bajo sospechas de que impulsaba movilizaciones sindicales desde el recinto penitenciario.
Con este nuevo fallo, la defensa del exlíder sindical logra desvirtuar parcialmente los riesgos procesales, permitiéndole esperar el juicio fuera de las rejas, en un proceso que ha puesto bajo la lupa el manejo de influencias en las altas esferas del poder gremial y estatal.
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