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Jueces exclusivos atenderán casos anticorrupción y de crimen organizado, con prioridad en Santa Cruz

Tras dos acuerdos aprobados por la Sala Plena anunciados por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, el Órgano Judicial seleccionará perfiles exclusivos para juzgar delitos complejos, reordenará causas ordinarias y movilizará auditorías disciplinarias en el distrito cruceño.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó este miércoles la reestructuración integral del sistema penal boliviano mediante la creación e implementación de juzgados especializados en materia anticorrupción y crimen organizado a escala nacional.

El presidente de la máxima instancia judicial, Romer Saucedo, informó que la Sala Plena dio luz verde a dos acuerdos de ‘refuncionalización’ que establecieron la designación de operadores de justicia de dedicación exclusiva para estas materias, con un despliegue prioritario en el departamento de Santa Cruz. La determinación del TSJ responde a la compleja coyuntura institucional y contempla la reducción de competencias de los 28 juzgados de instrucción cruceños, el fortalecimiento de capacidades con cooperación internacional y el envío inmediato de la Unidad de Transparencia para fiscalizar las actuaciones del fuero ordinario.

Saucedo detalló que el Consejo de la Magistratura emitirá nuevos títulos competenciales para formalizar la especialización de los administradores de justicia seleccionados bajo los mejores perfiles de idoneidad.

La redistribución operativa dispone que los juzgados restantes asuman la carga procesal de causas ordinarias e incidentes de violencia hacia la mujer, niños, niñas y adolescentes. Para blindar el rigor técnico de la nueva estructura penal, el TSJ acudirá a programas de asistencia y cooperación internacional orientados a la formación académica continua de los jueces especializados.

En paralelo, la decisión de desplazar a la Unidad de Transparencia del TSJ a Santa Cruz busca detectar eventuales irregularidades procesales, remitir antecedentes al Régimen Disciplinario o formalizar denuncias ante el Ministerio Público, reforzando la fiscalización en el distrito judicial con mayor volumen de procesos vinculados al crimen organizado.

Esta reestructuración jurisdiccional se concreta en momentos en que la administración de justicia se encuentra bajo un intenso escrutinio público e internacional por investigaciones que involucran a altos administradores de justicia y autoridades de fiscalización en todo el país.