La presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, informó este miércoles que el Ministerio Público ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y la activación de una alerta migratoria en contra del exalcalde municipal, Jhonny Fernández, y de la exsecretaria de Salud, Adriana Amelunge.
La determinación judicial fue dictada en el marco de la investigación penal que sigue el Estado por la presunta compra con sobreprecio de cuatro centros médicos de contingencia denominados «hospitales móviles». Las medidas cautelares buscan asegurar el patrimonio público ante la sospecha de un millonario desvío de fondos fiscales ejecutado durante la anterior gestión edilicia.
Las restricciones legales fueron validadas por el fiscal de materia asignado a la causa, Gustavo Ríos, en respuesta a un informe técnico y operativo remitido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Además del arraigo migratorio y el bloqueo de activos financieros en el sistema bancario, el requerimiento fiscal instruye la anotación preventiva de bienes registrados a nombre de los investigados, incluyendo un vehículo de propiedad de la exsecretaria Amelunge.
«Quienes hayan osado meter la mano al bolsillo de las familias cruceñas van a tener que devolver centavo a centavo todo lo que se han llevado de manera irregular», aseveró de forma tajante Nayar al dar a conocer los autos fiscales. La titular del ente deliberante cruceño interpuso la denuncia pública y penal formal durante el pasado mes de junio, aportando peritajes técnicos que fijan el daño patrimonial provocado a las arcas de la comuna en una cifra que supera los 2,8 millones de bolivianos debido a los márgenes inflados en las cotizaciones de adquisición de los módulos sanitarios.
