El departamento de Oruro se prepara para una declaratoria de desastre departamental debido a los efectos de la sequía, que afecta a gran parte de sus municipios y genera pérdidas en la producción agropecuaria. El gobernador Édgar Sánchez informó que se trabaja en la documentación necesaria para activar este mecanismo y gestionar recursos destinados a atender la emergencia.
La autoridad señaló que uno de los sectores más afectados es el de la crianza de ganado camélido, debido a la falta de agua y alimento. Según los reportes recibidos por la Gobernación, diariamente se registra la muerte de entre 150 y 200 animales, situación que preocupa a las familias dedicadas a esta actividad productiva.
Sánchez explicó que la declaratoria de desastre permitirá al departamento acceder a recursos económicos del Gobierno central, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Mientras tanto, las autoridades departamentales trabajan en medidas de atención inmediata para las comunidades afectadas.
La sequía alcanza a casi la totalidad de los municipios orureños, donde las familias productoras enfrentan dificultades para mantener sus animales y garantizar el abastecimiento de agua. La situación también compromete la producción agropecuaria y las fuentes de ingreso de las comunidades rurales.
En el ámbito nacional, el Viceministerio de Defensa Civil reportó que 114.048 familias fueron golpeadas por la falta de agua en seis departamentos. De ese total, 78.217 familias están afectadas y 35.831 fueron identificadas como damnificadas. También se registraron daños en 1.486 comunidades y 167.511 hectáreas de terrenos agrícolas.
El informe nacional señala además que 60.106 hectáreas de producción ya no pueden recuperarse y que se reportó la pérdida de 75.013 cabezas de ganado. Oruro encabeza la lista de departamentos con mayor número de familias afectadas, con 17.544. La emergencia se produce en un contexto en el que el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5759, que declara emergencia nacional por los efectos del fenómeno de El Niño y establece mecanismos para movilizar recursos y atender las consecuencias de la sequía y las inundaciones.
(03-11-2026)
