El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, exigió la suspensión inmediata del Decreto Supremo 5676, disposición que fijó en Bs 18 el litro de diésel para los grandes consumidores del país.
En una dura declaración institucional en la que calificó la medida de “Dieselazo”, la segunda autoridad del país advirtió sobre el inevitable efecto en cadena que tendría el ajuste tarifario sobre los costos del transporte, la producción agropecuaria y los precios de los productos de primera necesidad. Además, cuestionó que la decisión se haya tomado sin consulta previa y emplazó al presidente Rodrigo Paz a convocar a una mesa de concertación con gremiales, transportistas y trabajadores para reorientar la política energética y auditar la gestión de YPFB.
Con el “corazón apretado”, según sus propias palabras, el Vicepresidente refutó los argumentos del Gabinete de Ministros que aseguran que el nuevo precio no tocará la canasta familiar
“En economía no existe la palabra debería”, aseveró Lara, cuestionando la falta de planificación y garantías para proteger el bolsillo de la ciudadanía golpeada por la inflación. “Están diciendo que se mantiene el precio para algunos, pero ¿quién mueve este país? Lo movemos los trabajadores, los gremiales, los maestros, las mamás que van al mercado. Y a todos nosotros nos va a golpear”, alertó de forma enfática.
En su intervención, la autoridad reconoció la severa crisis operativa y financiera por la que atraviesa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero remarcó que la solución no puede consistir en trasladar de forma recurrente los costos al consumidor final. Frente a ello, planteó un paquete de tres exigencias concretas al Ejecutivo: abrogar o congelar el DS 5676, instalar de inmediato un espacio de diálogo con las fuerzas productivas y sindicales, y encarar auditorías rigurosas junto a acciones efectivas contra el contrabando de hidrocarburos.
“No vamos a permitir que la crisis de unos pocos se convierta en el hambre de muchos”, sentenció.
