El ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que las pesquisas gubernamentales detectaron un desvío masivo de 22 millones de litros de combustible.
Durante una Conferencia de Prensa conjunta en las instalaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las autoridades revelaron que los controles estatales fueron severamente perforados por una red de corrupción que involucra a 30 autoridades y exautoridades de la propia institución reguladora, generando una sangría económica de Bs 220 millones que asciende hasta Bs 400 millones en el mercado negro.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, complementó el informe oficial denunciando la inoperatividad casi absoluta de los mecanismos de fiscalización del Estado.
Asimismo, detalló que el sistema Boliviano de Autoidentificación (B-SISA), diseñado para rastrear la comercialización mediante etiquetas con chips de radiofrecuencia en el parque automotor, se encontraba operando apenas al 5% de su capacidad real a nivel nacional debido a manipulaciones deliberadas. Las indagaciones identifican que los departamentos de La Paz y Santa Cruz concentran los mayores volúmenes del carburante desviado hacia el contrabando.
Ante esta grave brecha en la seguridad energética, Blanco anunció una reestructuración tecnológica urgente para reactivar la fiscalización digital de punta a punta, asegurando que a partir de la fecha «la venta de combustible se va a controlar gota por gota».
Por su parte, el ministro Justiniano aseveró que el Gobierno impulsará procesos penales contra todos los implicados sin distinción de jerarquías. El hallazgo de este desarrollo a escala masiva explica las graves distorsiones en el abastecimiento de diésel que mantienen semiparalizado al transporte pesado y al aparato agroindustrial.
