Este viernes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que la reciente ola de violencia y ejecuciones registradas en el municipio fronterizo de San Matías, en Santa Cruz, son resabios de una «herencia maldita» de 20 años de desatención estatal y penetración del narcoterrorismo en el país.
Durante una conferencia de prensa dada en Cochabamba, la autoridad admitió que los niveles de criminalidad registrados en el país se incrementaron notablemente, además, confirmó que las dos emboscadas armadas perpetradas entre el miércoles y las primeras horas del jueves dejaron un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, entre ellas un subteniente de la Policía Boliviana.
Frente a la complejidad de la crisis y el equipamiento de alta tecnología usado por los grupos irregulares, anunció el despliegue inmediato de un contingente combinado policial-militar y la activación de mecanismos de cooperación internacional con fuerzas de seguridad de Brasil, la DEA y organismos de la Unión Europea.
El primer hecho sangriento se registró la jornada del miércoles en la estancia Campo Nuevo, donde una célula armada acribilló a cuatro personas y raptó a dos mujeres que continúan en paradero desconocido.
Posteriormente, durante las tareas de rastrillaje en la comunidad Ascensión de la Frontera, una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) fue emboscada por sicarios, resultando abatido el subteniente Yerson Salazar Aliendres, cuyo cuerpo es buscado intensamente por unidades de salvamento tras caer a un afluente de la zona. Oviedo calificó el atentado contra las fuerzas del orden como una «afrenta directa al Estado».
El titular de la cartera de Gobierno explicó que los informes de inteligencia manejan dos hipótesis centrales sobre la emboscada: una pugna encarnada por el control territorial de la denominada «ruta roja» de salida de droga hacia territorio brasilero, o un choque directo entre facciones criminales transnacionales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
Para frenar la incursión de estas mafias, el Gobierno ejecutará el plan «Fronteras Seguras», incrementando el patrullaje combinado e intercambiando datos de inteligencia estratégica con la Policía Federal de Brasil.




