El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, advirtió este martes que no dimitirá a su cargo y que recurrirá mediante una consulta formal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para objetar la legalidad de la censura aprobada en su contra por la Asamblea Legislativa.
Espinoza se amparó de manera estricta en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), argumentando que la normativa exige una votación equivalente a dos tercios de la totalidad de los miembros del Parlamento (111 asambleístas) y no únicamente dos tercios de los asistentes a la sesión. La declaración del hombre fuerte de las finanzas del presidente Rodrigo Paz ahonda el choque institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En conferencia de prensa brindada horas después del pleno parlamentario, el ministro Espinoza explicó que envió con la debida anticipación una boleta de excusa adjuntando su boleto aéreo a Santa Cruz para justificar la reprogramación de su interpelación.
Pese a ello, la bancada que promovió la interpelación rechazó la justificación e instaló la votación sobre 129 legisladores presentes (de un total de 166 que conforman la ALP), alcanzando 91 votos a favor de la censura, 34 en contra y cuatro abstenciones. “Nosotros nos vamos a apegar a la Constitución; el artículo 158 es muy claro, establece que para censurar a un ministro se requieren dos tercios de la Asamblea. Entiendo que hoy se han logrado dos tercios de los presentes, entonces habrá que ver cuál es la interpretación constitucional”, aseveró la autoridad.
El inciso 18 del referido artículo constitucional dictamina expresamente que la censura acordada por dos tercios de los miembros de la Asamblea implicará la destitución inmediata de la autoridad interpelada. Sin embargo, al haberse computado la votación únicamente sobre la base del quórum asistente, mecanismo defendido en la sesión por el vicepresidente Edmand Lara, el Ejecutivo considera que la resolución aprobada adolece de vicios de nulidad de origen.
Desde el Ministerio de Economía enfatizaron que continuarán con las labores regulares en el despacho mientras la sala constitucional del TCP se pronuncie sobre el recurso de consulta planteado.
