El presidente Rodrigo Paz denunció este martes la existencia de una red criminal transnacional dedicada al robo y sabotaje de combustibles. Según la investigación oficial, esta organización opera en Chile, Paraguay, Argentina y Bolivia, sustrayendo combustible boliviano de importación para venderlo ilegalmente y adulterando el resto del producto que ingresa al país.
El mandatario calificó el hecho como una «traición al pueblo», vinculando directamente este sabotaje con la crisis de calidad de carburantes que detonó las protestas del sector transporte semanas atrás.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brindó detalles técnicos del operativo, estimando que aproximadamente 5.000 cisternas provenientes de Chile fueron interceptadas por esta red.
El volumen del combustible adulterado alcanza los 150 millones de litros, lo que representa un movimiento económico ilícito de 150 millones de dólares, calculando un precio promedio de un dólar por litro en el mercado chileno. El esquema delictivo funcionaba en dos fases: el robo y la contaminación en puntos fronterizos extranjeros, y la comercialización del producto degradado dentro del territorio boliviano.
Aunque por el momento no se registran detenciones, Oviedo aseguró que la inteligencia estatal ya cuenta con números de placa de camiones y nombres de empresas involucradas en el ilícito.
Esta denuncia surge apenas 24 horas después de la designación de Claudia Cronembold como nueva presidenta de YPFB, quien ahora tiene el mandato de blindar la logística de importación. Mientras tanto, el Gobierno prometió «ganar la batalla contra la corrupción» y anunció que compartirá la información con las autoridades de los países vecinos para desarticular los nodos de la red fuera de las fronteras bolivianas.
