El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio durante su comparecencia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fiscalía de Sustancias Controladas en la ciudad de La Paz.
En calidad de aprehendido y asistido por su abogado defensor, Rodrigo Demetrio Salmón del Río, Mariaca rehusó responder al interrogatorio dirigido por el fiscal Juan Pablo Mazzone en la causa penal abierta por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Durante la audiencia de declaración informativa, la exautoridad requirió formalmente la emisión de requerimientos al Servicio de Registro Cívico (Serecí) y al Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), fijando como domicilio oficial un inmueble en el condominio Jardines del Norte de la capital cruceña.
«Me acojo al derecho constitucional del silencio», respondió Mariaca al ser consultado por el fiscal Mazzone sobre si prestaría su declaración.
La abstención de la autoridad se produce tras habérsele notificado formalmente la relación de los hechos, las pruebas acumuladas en el cuaderno de investigaciones y la tipificación preliminar de los delitos. Fuentes del Ministerio Público adelantaron que la imputación formal será radicada previsiblemente este viernes 2 de octubre ante un juzgado cautelar de La Paz, donde se solicitará la detención preventiva del titular saliente de la Fiscalía General por los riesgos procesales de fuga y obstaculización.
La negativa a declarar de Mariaca se concreta en un contexto agravado por la aprehensión de otras 13 personas, la incautación de más de Bs 3,5 millones y $us 10.000 camuflados en una ambulancia que salía de su residencia en Santa Cruz, y las afirmaciones del Gobierno que vinculan estas sumas con el financiamiento del narcoterrorismo durante los 53 días de bloqueos.
