La comisión especializada de fiscales antidroga de La Paz, integrada por Daniel Portales Barja y Edwin Sarmiento Valdivia, presentó formalmente el pliego de imputación contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, atribuyéndole la comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La medida alcanza también al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; al fiscal superior Martín Irusta, sorprendido sustrayendo documentación de la Fiscalía General en Sucre; y al efectivo policial Rubén Aparicio. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó el extremo durante su intervención ante el pleno de la Asamblea Legislativa, ratificando que el Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro para todos los implicados.
El cuaderno de investigaciones fundamenta la probabilidad de autoría a partir de la difusión de videos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset —donde alude explícitamente a Mariaca y Aparicio—, sumado a los allanamientos y secuestros de documentación en Sucre, Santa Cruz y La Paz.
La imputación detallada que la red encabezada por Mariaca habría utilizado la estructura del Ministerio Público para encubrir y facilitar actividades del narcotráfico internacional tanto durante su desempeño como fiscal departamental cruceño entre 2020 y 2024 como en su posterior ejercicio en la Fiscalía General. Ante los evidentes riesgos procesales de fuga e influencia negativa en la investigación, la Fiscalía solicitó al juez cautelar la máxima medida de presidio cautelar en la sede de gobierno mientras se desarrollan los peritajes e incautaciones complementarias.
La formalización de la acusación penal contra Mariaca representa la culminación del cerco judicial iniciado tras la incautación de más de Bs 3,5 millones que fueron trasladados en una ambulancia desde su domicilio.




