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Sala Constitucional anula el juicio de responsabilidades contra Sánchez Berzaín por Octubre Negro

La resolución judicial dejó sin efecto el auto de apertura de juicio de 2009 para los exministros recurrentes, revocando sus órdenes de captura e invocando vulnerabilidades al debido proceso.

En un fallo judicial de alto impacto político y social, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dictó sentencia este viernes concediendo una Acción de Libertad que declara la «nulidad de pleno derecho» de la apertura del juicio de responsabilidades del 25 de marzo de 2009 contra el exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, y la exministra Mirtha Quevedo.

La determinación anula todos los accionados derivados del proceso por los hechos luctuosos de la «Guerra del Gas» de octubre de 2003, ordenando el cese de las órdenes de aprehensión y alertas internacionales que pesaban contra las exautoridades del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El recurso constitucional fue presentado por la abogada Patricia Cleobereida Guevara en representación sin mandato de las exautoridades gubernamentales.

El tribunal fundó la concesión de la tutela al constatar graves vulneraciones a garantías constitucionales del debido proceso, específicamente en sus componentes de fundamentación, motivación, derecho a la defensa y principio de juez natural. La resolución complementaria enfatizó que, respecto a los accionantes, el auto de apertura del juicio oral «no ha nacido a la vida jurídica y carece de eficacia legal», disponiendo además la cancelación de las declaratorias de rebeldía y las notificaciones interpuestas ante la Interpol.

La nulidad decretada beneficiará exclusivamente a los exministros recurrentes que activaron la acción de libertad y no invalida de forma automática las sentencias dictadas en el pasado contra otros procesados ​​u exjefes militares. Pese a ello, la decisión judicial provocó inmediata indignación en las organizaciones sociales y activistas de la ciudad de El Alto, cuyos dirigentes calificaron el fallo como un gravísimo antecedente de impunidad y anunciaron que interpondrán acciones de impugnación para revertir la resolución ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

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