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Defensa de exmilitar aprehendido desmarca a su cliente de Cerimedo y justifica su huida por «susto a un asalto»

El jurista Héctor Tapia afirmó que Junior G. opera una casa de cambios legales, que no conoce al estratega argentino y que se entregó voluntariamente tras la confusión inicial.

Héctor Tapia, abogado del exmilitar Junior G., aprehendido tras huir de uno de los inmuebles allanados en La Paz vinculados al estratega argentino Fernando Cerimedo, negó que su defendido mantenga alguna relación comercial, de amistad o societaria con el imputado.

El jurista explicó que la precipitada salida del exuniformado durante la intervención policial obedeció al temor de ser víctima de un atraco armado debido a la inseguridad en la zona. Asimismo, Tapia desmintió de forma contundente las versiones periodísticas que señalaban que el hombre se habría dado a la fuga transportando la suma de 700.000 dólares en efectivo.

El incidente ocurrió la tarde del jueves durante los tres registros domiciliarios ejecutados de manera simultánea por la Fiscalía Departamental de La Paz.

Según el informe de la defensa, Junior G. —quien solicitó su baja voluntaria de las Fuerzas Armadas durante la pasada gestión— reaccionó con pánico al presenciar el despliegue de personas armadas en el lugar, retirándose apresuradamente. “Se asustó pensando que se trataba de un asalto (…) simplemente los nervios lo traicionaron”, sostuvo Tapia, aclarando que minutos después, al percatarse de que se trataba de un operativo legal del Ministerio Público y la Policía Boliviana, su cliente regresó al perímetro y se entregó voluntariamente ante las autoridades.

Respecto a las acusaciones sobre el manejo de cuantiosas sumas de dinero, el abogado enfatizó que las imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas en medios de comunicación no muestran en ningún momento que su defendido portara maletines o el monto de $us 700.000 mencionado en redes sociales. Tapia detalló que Junior G. se dedica actualmente al rubro financiero como propietario de una casa de cambios legalmente constituida y fiscalizada. En ese marco, argumentó que el movimiento de capitales en dicho sector es cotidiano y no constituye por sí mismo el delito de legitimación de ganancias ilícitas ni prueba un vínculo con la supuesta «granja de bots» hallada en las propiedades de Cerimedo.

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