La denuncia corresponde al exministro de Gobierno Carlos Romero y apunta al excomandante general de la Policía Vladimir Yuri Calderón, su Estado Mayor y algunos directores nacionales y comandantes regionales, a quienes se señala como responsables del motín policial que fue el detonante de la caída de Evo Morales en noviembre de 2019.
La Fiscalía Policial tiene en sus manos el proceso. Según la exautoridad, la fuerza del orden brindó protección a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, dos de los impulsores de las protestas que en ese entonces cobraron fuerza por las denuncias de fraude electoral en los comicios del 20 de octubre, que luego fueron anulados.
“Antes de amotinarse formalmente, brindaron protección a esos políticos disfrazados como cívicos, a (Fernando) Camacho le asignan 200 policías vestidos de civil para su protección y otros 200 para la protección de (Marco) Pumari”, contó Romero al diario paceño Página Siete.
A su juicio, “fueron varias acciones conspirativas, golpistas de la Policía (que) se han traducido primero en el hecho de haber facilitado la toma y quema de los tribunales departamentales electorales”.
La noche de la votación, el 20 de octubre, el TSE había dispuesto la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) de forma repentina cuando se acortaba la brecha entre Morales y Carlos Mesa, su principal opositor.
Al día siguiente, cuando se reanudó el servicio, la distancia en el caudal de votación era mayor, lo que significaba que Morales ganaría la elección en primera vuelta. Ahí surgieron las denuncias de fraude y su abanderado era Mesa.
Grupos enardecidos de personas salieron a las calles, pero en cinco regiones las protestas subieron de tono al punto de quemar los edificios de los tribunales departamentales.
En los días posteriores se instalaron bloqueos urbanos y en algunos casos rurales que subieron de tono hasta el 8 de noviembre, cuando encapuchados, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba se montaron sobre los techos de sus instalaciones para anunciar el motín.
La protesta sumó respaldo en las demás reparticiones y regiones. En la madrugada del domingo 10 se reveló parte del informe de auditoría que encaró la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones y halló graves irregularidades en el cómputo.
Inmediatamente Morales anunció una convocatoria para elecciones y un proceso a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Pero no fue suficiente. Las protestas se desbordaron. Camacho y Pumari estaban en La Paz comandando las movilizaciones.
En la tarde, el excomandante de la Policía Calderón pidió la renuncia de Morales; le secundó el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman. Minutos después, el entonces Presidente informó sobre su dimisión.
Romero está seguro que hay una serie de elementos que sustentan su denuncia ante la Fiscalía Policial.
Remarcó, según el diario paceño, que esa información no es suya, sino está registrada en las investigaciones policiales que se efectuaron durante el gobierno de Jeanine Añez en la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi), de Cochabamba.
Esas pesquisas dan cuenta de los hechos acontecidos entre el 8 y 10 de noviembre de 2019.
El presidente Luis Arce advirtió el martes a los miembros de la entidad del orden que “nunca más se debe dar la espalda al pueblo boliviano”.
“Cada uno de los miembros de la Policía Boliviana proviene del seno mismo de nuestro pueblo. Lo que pasó el año pasado, no debe volver a ocurrir en nuestro país”, dijo.
Para las esposas de los policías y los efectivos jubilados y del sector pasivo, la denuncia de Romero no tiene sustento, es más, consideran que en ese entonce hubo una protesta popular y no un motín.
El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, posesionado por Arce, informó que la Fiscalía Policial, la Inspectoría y los tribunales disciplinarios son las instancias encargadas de identificar y procesar a los efectivos que se amotinaron en 2019.
“Estamos seguros que estas conductas no se deben repetir en el futuro, lo que estamos haciendo es generar una doctrina para el cumplimento de la norma”, sentenció el jefe policial.
Hay que desmantelar todos los vestigios del Estado Policial, que trasgredio la democracia y cometió delitos de lesa humanidad.
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