El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró este lunes que los informes de la Policía Departamental de Santa Cruz y de la cárcel de Palmasola, confirman la inexistencia de condiciones para el traslado de Luis Fernando Camacho a esa ciudad para la instalación del juicio por el caso “decretazo”.
“Esos informes que dicen que ‘no hay condiciones’ para realizar el traslado del aeropuerto (de Viru Viru) al Centro Penitenciario de Palmasola, y a los juzgados (…), están justificando por qué no se está trasladando al privado de libertad Luis Fernando Camacho”, dijo Limpias en conferencia de prensa.
Por lo mismo, no se cumplió el dictamen del Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz, que ordenó el traslado de Camacho para que asista este 11 de marzo, por la tarde al inicio del juicio presencial del denominado “caso decretazo”.
Esta decisión de no trasladar a Camacho a Santa Cruz se apoya también en un “informe del recinto penitenciario de Palmasola” que aseguraría que la presencia del Gobernador provocaría malestar en los reclusos y en sus familiares, “porque la población privada de libertad declaró a Camacho persona no grata”.
Asimismo, Limpias agregó que, si bien hay una orden judicial, el director de la cárcel de Chonchocoro también “tiene la responsabilidad de precautelar la integridad física y la vida de las personas”.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, cuestionó la decisión de Limpias y lo catalogó como un “empleado del Ministro de Gobierno”.
“La dirección de Régimen Penitenciario depende del Ministerio de Gobierno, que es justamente el Ministro que está llevando una cruzada en contra de que se cumpla la ley, en contra de que, al margen de que es el Gobernador electo, se pueda defender en un proceso judicial y pueda contar su verdad. ¿Qué más se puede esperar de alguien que su sueldo y trabajo dependen de cumplir o no órdenes?”, manifestó.
Y concluyó asegurando que “no existe explicación jurídica para que este juicio no se instale (…) y no lo traigan a su audiencia donde él se debe defender de un proceso por el que está detenido preventivamente. Esa es una violación absoluta al derecho a la defensa que tenemos todos los bolivianos”.
