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Súmate, sectores de Unidad y el PDC apuntalan la prórroga del Estado de Excepción

Con el respaldo del bloque de Manfred Reyes Villa y la división en las bancadas de Unidad, PDC y Libre, el Ejecutivo obtendría la mayoría simple requerida en la sesión convocada para las 16.00 por el vicepresidente Edmand Lara.

La Asamblea Legislativa sesionará la tarde de este miércoles para definir la convalidación del Decreto Supremo 5707, que plantea extender por 90 días el Estado de Excepción en el país.

A pesar de las marcadas divisiones internas y posturas encontradas que exhibieron las bancadas opositoras en las últimas horas, la limitación de fuerzas en el Hemiciclo perfila que el gobierno del presidente Rodrigo Paz logrará reunir la mayoría simple de votos requerida para asegurar la continuidad de la medida.

El bloque APB-Súmate se inclinará por la ratificación del decreto, alineándose con la postura manifestada por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien sostuvo que la medida es indispensable para preservar la paz.

En la bancada de Unidad, que se encuentra dividida a la mitad, la facción afín a Creemos perfila su respaldo; mientras que en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) entre un 60% y 70% de sus legisladores apoyaban la propuesta, a pesar de que voces como Sandra Rivero admitieron un incómodo quiebre interno del 50-50 entre proteger al Gobierno o rechazar la prórroga.

Por su parte, la Alianza Libre muestra fisuras: mientras el senador José Manuel Ormachea y la diputada Lissa Claros exigieron un informe de rendición de cuentas sobre los primeros 90 días de intervención y las órdenes de aprehensión ejecutadas, sectores del FRI y Demócratas prevén apoyar la norma para evitar el aislamiento político. La sesión estará precedida por las explicaciones técnicas de los ministerios de Gobierno y de Defensa, cuyos informes resultarán decisivos, según el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

En contraste, el trasfondo de la discusión se da bajo la advertencia del vocero presidencial José Luis Gálvez, quien afirmó que se usará toda la fuerza constitucional para garantizar la estabilidad, mientras Evo Morales y sectores sindicales como la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca rechazaron la medida al considerarla un instrumento de represión.

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