El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió este viernes la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto presentada en contra del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales e instruyó, como medida cautelar, suspender su aplicación.
“Admitir la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta planteada por Juan José Jáuregui, titular de la Asamblea Legislativa, (…) y poner la presente acción en conocimiento de Luis Arce, presidente del Estado, en representación del Órgano que generó la norma impugnada”, indica el auto constitucional divulgado por el diario Correo del Sur.
Además, establece “la suspensión temporal de la aplicación del Decreto Supremo 5143 en tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta, hasta que se emita la correspondiente sentencia constitucional”.
En su petición, Jauregui solicitó al TCP que realice “un test de constitucionalidad al proceso mediante el cual se ha aprobado dicho decreto supremo”, que fue objeto de observaciones por legisladores del MAS “evista” y Comunidad Ciudadana y Creemos.
Estos sectores coincidieron en asegurar que la labor de Derechos Reales no puede legislarse por un decreto, además, denunciaron que se pretendería revertir las casas de los bolivianos. Sin embargo, el Gobierno negó ambos extremos y afirmó que la norma apunta a acabar con las “mafias” en esa institución y modernizar sus servicios.
Junto con la acción de Jauregui, el TCP también admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado “evista” Santos Mamani.
De acuerdo con el artículo 76 del Código de Procedimiento Constitucional, una vez notificado el Órgano Ejecutivo tiene un plazo de 15 días para apersonarse al TCP y presentar un informe sobre la norma impugnada.
“Cumplido el plazo, con o sin informe se procederá inmediatamente al sorteo, debiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional emitir la sentencia correspondiente dentro de los cuarenta y cinco días siguientes”, señala el parágrafo segundo del referido artículo.
El jueves, el presidente Luis Arce indicó que esperará la determinación del TCP sobre este decreto que tendría el objetivo de “ordenar” Derechos Reales, contar con sistema informático único.
