La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), encabezada por su secretario ejecutivo Andrés Paye, denunció un “silencio cómplice” por parte del ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, frente a la proliferación de la minería ilegal.
El principal ente representativo del sector extractivo formal acusó a la autoridad de favorecer a grupos irregulares, promover la división sindical y distorsionar los marcos regulatorios, por lo que exigió su renuncia irrevocable a la cartera de Estado.
El dirigente aseveró que las decisiones operativas y políticas provenientes del despacho ministerial no solo han dejado desprotegida a la industria regulada, sino que habrían derivado en acciones y omisiones deliberadas para beneficiar a actores que operan al margen de las licencias ambientales y mineras.
Esta situación, según la dirigencia, pone en severo riesgo los puestos de trabajo formales y la estabilidad económica de las empresas estatales y privadas del área.
A la par de las acusaciones de encubrimiento a la minería ilegal, la FSTMB cuestionó la estrategia de relacionamiento del ministro, acusándolo de articular maniobras destinadas a fragmentar la unidad de las federaciones regionales para debilitar la capacidad de fiscalización de los trabajadores.
Ante lo que calificaron como una gestión opaca y perjudicial para los intereses de la patria, la dirigencia sindical resolvió unificar su postura y pedir el inmediato alejamiento del ministro para evitar mayores perjuicios a la producción metalúrgica y restaurar la institucionalidad técnica en el sector.
