El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, informó este lunes que ha iniciado gestiones político-institucionales de carácter oficial para recuperar más de 233 millones de bolivianos, fondos que fueron invertidos en las elecciones generales de 2019, las cuales terminaron anuladas en medio de denuncias de fraude electoral.
La autoridad electoral remitió misivas a la Procuraduría General del Estado y a las comisiones de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el propósito de estructurar un frente legal conjunto. Goitia fundamentó su iniciativa en el perjuicio financiero que sufrió el erario público al tener que organizar un nuevo proceso electoral desde cero, y planteó que los recursos económicos recuperados sean destinados íntegramente a financiar la modernización y renovación del padrón electoral biométrico nacional.
La propuesta del vocal electoral cobró impulso público a partir de la reciente desclasificación de informes de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos relativos a mecanismos de fraude electoral electrónico en Venezuela, lo que reabrió las comparaciones regionales.
En el contexto boliviano, Goitia recordó que la auditoría integral realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó de manera científica la existencia de una manipulación informática deliberada en la transmisión de los resultados. Debido a estas irregularidades, el funcionario argumentó que los comicios de octubre de 2019 «trajeron como resultado nada», obligando al país a duplicar sus esfuerzos económicos y operativos para pacificar la administración política.
Al ser consultado sobre la estrategia jurídica idónea para materializar la devolución del dinero, Goitia precisó que las acciones legales no deben limitarse al ámbito penal, sino enfocarse decididamente en la vía civil de repetición y resarcimiento de daños contra los exvocales y técnicos que participaron en la alteración de los sistemas.
Por último, el vocal del Órgano Electoral expresó su optimismo en que los presidentes de las comisiones legislativas y el Procurador General fijen en los próximos días las mesas técnicas de trabajo para operativizar los cobros coactivos y las demandas correspondientes.
