El fiscal general interino, José Armando Urioste , reveló que a causa del rastreo a las llamadas telefónicas realizadas por el exfiscal general Roger Mariaca desde el penal de Cantumarca se pudo descubrir una compleja red de nexos, chóferes que ejercían de seguridad en Santa Cruz e inmuebles a nombre de ‘palos blancos’.
Además, sostuvo que las pesquisas demuestran que Mariaca y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se complementaban dentro de una misma estructura criminal, donde «el uno tenía el poder de la fuerza de fuego y el otro, el control de las estructuras dentro del Ministerio Público».
Tras brindar una entrevista en Sucre a Correo del Sur , la máxima autoridad del Ministerio Público explicó que la interceptación a las comunicaciones de Mariaca arrojó valiosa información sobre sus vínculos más estrechos, a abarcar conexiones tanto en Bolivia como en Brasil.
Urioste justificó las recientes aprehensiones de fiscales y efectivos policiales, remarcando que cada jornada surgen nuevos elementos de convicción. Asimismo, anunció la conformación de una comisión especial de fiscales superiores y departamentales , además de la creación de una oficina especializada en cibercrimen, para auditar los comprometedores audios que involucran al exasesor Fernando Cerimedo y al entorno cercano del presidente Rodrigo Paz.
«Cualquier autoridad que cometa un delito en el país está sometida a una investigación; pueden tener procesos de privilegio, pero la investigación es única», enfatizó Urioste
Respecto a las denuncias periodísticas sobre el uso irregular de vehículos de alta gama incautados al narcotráfico, específicamente el uso de un BMW Serie 8 Coupé y un BMW X7 parqueados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre, Urioste confirmó que solicitó un informe pormenorizado a nivel nacional a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Cautelados (Dircabi).
Asimismo, advirtió que, de no contarse con una resolución de depósito legal debidamente justificada, el Ministerio Público procederá al secuestro inmediato de los motorizados y a la apertura de procesos penales contra las autoridades o funcionarios que resulten responsables por el usufructo ilícito de estos bienes.
