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AJAM intensifica operativos contra actividades mineras ilegales en la Reserva del Salar de Uyuni

Tras rechazar las pretensiones de reducir el área protegida, las autoridades ejecutaron operativos en el municipio de Colcha K, advirtiendo un vertiginoso avance de los asentamientos no autorizados en la zona de reserva de litio.

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) detectó al menos una decena de actividades mineras ilegales operando dentro de la franja de seguridad de la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni, ejecutando la intervención de una explotación de gran magnitud localizada en la jurisdicción del municipio de Colcha K, en el departamento de Potosí.

El director nacional de la entidad, Jaime Sanabria Goitia, confirmó que las operaciones de fiscalización y desarticulación se están intensificando en todo el territorio nacional ante un fenómeno no autorizado que, según estimaciones oficiales, habría tomado el control de más del 80% de las zonas de explotación minera del país.

Sanabria explicó que la incursión en la zona de Colcha K forma parte de un plan nacional de ordenamiento del sector minero impulsado frente a varias limitaciones presupuestarias. La autoridad potosina recordó que, con anterioridad, diversos sectores de las cooperativas mineras presionaron al Estado para lograr la reducción de la superficie delimitada de la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni con el propósito de obtener concesiones legales de explotación. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada para proteger la franja de seguridad y el yacimiento estratégico de litio y evaporíticos.

Pese a la negativa legal, los grupos irregulares procedieron a la instalación de campamentos y maquinaria pesada sin contar con licencias ambientales ni derechos mineros otorgados.

Las acciones de la AJAM buscan sentar un precedente en el resguardo de los recursos estratégicos de la región, articulando operativos con el Ministerio de Gobierno y las Fuerzas Armadas para evitar el deterioro del ecosistema del salar y la pérdida de regalías para el departamento de Potosí. La entidad estatal anticipó que los antecedentes de la intervención en Colcha K serán remitidos al Ministerio Público para la imputación penal de los presuntos responsables por los delitos de explotación ilegal de recursos minerales y avasallamiento de bienes del Estado.