La Cámara de Diputados aprobó cerca de la medianoche del miércoles el proyecto de ley que autoriza el contrato de préstamo de hasta 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I.
La iniciativa legislativa, que fue ratificada en sus estaciones en grande y en detalle por mayoría absoluta, fue remitida a la Cámara de Senadores para su posterior revisión y tratamiento constitucional. La primera vicepresidenta de la Cámara Baja, Daniela Cabrera, dio por concluida la votación tras incluirse un acuerdo multipartidario que exige al Poder Ejecutivo la presentación de informes semestrales sobre la fiscalización y destino de los fondos estatales.
El contrato de crédito 6131/OC-BO, suscrito originalmente el 12 de marzo de 2026, contempla una estructura financiera dividida: 290 millones de dólares corresponden a nuevo financiamiento otorgado por el BID, mientras que el monto restante proviene de la reasignación de recursos no ejecutados de dos programas aprobados en gestiones anteriores.
La ley autoriza expresamente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a asumir la amortización de la deuda y la cobertura del servicio financiero una vez que la norma sea promulgada por el Órgano Ejecutivo.
Durante la sesión maratónica, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, defendió el alcance de la norma ante el pleno e insistió en que los recursos no serán utilizados para el gasto corriente de la administración pública, sino para asegurar el pago del complemento de la Renta Dignidad y demás transferencias directas.
Asimismo, fundamentó la asignación de 12,5 millones de dólares dentro del paquete para la creación e implementación del Registro Social de Hogares, plataforma tecnológica diseñada para bancarizar las ayudas estatales, auditar las listas de beneficiarios y erradicar los registros irregulares detectados en el sistema asistencial.
