El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, instruyó la elaboración inmediata de informes oficiales para esclarecer las circunstancias y responsabilidades en la liberación de cinco personas que se encontraban inicialmente involucradas en el intento de tráfico de 189,42 kilos de oro retenidos en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
La autoridad gubernamental solicitó un desglose cronológico de las actuaciones policiales, actas de requisa y registros de secuestro, advirtiendo con remitir ante el Comando General de la Policía a cualquier efectivo policial que resulte responsable de la liberación irregular de los sospechosos. Asimismo, la cartera estatal puso en la mira el destino de los equipos electrónicos incautados y requirió documentación verificable sobre la cantidad exacta del mineral decomisado, ante indicios de que existirían 22 kilos adicionales no declarados en las actas preliminares.
La disposición del Ministerio de Gobierno busca reconstruir las actuaciones ejecutadas en las dependencias de Naabol y en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Satélite Norte, lugar donde los aprehendidos fueron referidos tras abortarse el vuelo chárter que pretendía transportar el cargamento hacia Dubái.
«He instruido que, a la brevedad posible, se brinde información oficial sobre la relación cronológica de los hechos, las actas de requisa, los registros de secuestro y el detalle de todas las personas que autorizaron la libertad de cinco involucrados», remarcó Oviedo, enfatizando que las auditorías operativas determinarán si existió encubrimiento o negligencia en el procedimiento policial e institucional.
En paralelo, las investigaciones judiciales mantienen a un solo ciudadano aprehendido de forma preventiva: Adrián L. R., de 22 años, quien desempeñaba labores de tramitador del embarque. La Fiscalía formalizó la imputación en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando y venta y compra ilegal de recursos minerales, tras comprobarse que intentó despachar el metal precioso mediante la presentación de documentación presuntamente fraguada que carecía del aval de validación del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).
