El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este miércoles que realizó la devolución de $us 346,7 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) por considerarlo un crédito irregular gestionado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez en abril de 2020.
“El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que en defensa de la soberanía económica del país y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) realizó la devolución de 346,7 millones de dólares estadounidenses al Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), mismo que fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020”, se lee en parte de un comunicado institucional.
El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional para complementar las reservas oficiales de los países miembros.
El BCB indicó que el préstamo generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 suman $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) tuvo conocimiento de este caso en diciembre de 2020 y no autorizó ningún pago que podría solicitar o ejecutar el BCB al Tesoro General de la Nación (TGN). Ante la situación, sugirió llevar adelante las acciones necesarias a fin de precautelar y respetar los intereses y recursos del Estado.
Luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, en el marco de la defensa de la soberanía económica del país, el Banco Central de Bolivia efectuó el pago total de $us 351,5 millones, de los cuales $us 346,7 millones son el pago de capital, $us 19,6 millones por variación cambiaria y $us 4,7 millones por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado boliviano de $us 24,3 millones en sólo nueve meses de haberse desembolsado.
El BCB anunció que, en el marco de sus competencias y la normativa vigente, realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y exservidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI.
