La Cámara de Diputados sancionó la abrogación de la Ley 1720, aceptando de manera íntegra las modificaciones introducidas previamente por el Senado. La norma, que permitía la conversión de pequeñas propiedades agrarias en medianas, fue remitida de inmediato al presidente Rodrigo Paz.
La sanción de esta norma responde directamente al pliego petitorio de la marcha indígena campesina y otros sectores sociales que han protagonizado un mes de intensas protestas.
El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, formalizó el despacho de la ley tras un debate marcado por la urgencia de atender las demandas de los sectores movilizados, quienes mantienen cercada la sede de Gobierno y diversas rutas troncales del país.
Según los legisladores que respaldaron la medida, la anulación de la Ley 1720 es un paso fundamental para contribuir a la pacificación de Bolivia y desactivar la tensión política que ha derivado en pedidos de renuncia presidencial. No obstante, el debate no estuvo exento de críticas hacia las disposiciones transitorias incorporadas por la Cámara Alta, las cuales obligan a ambas cámaras legislativas a concertar un nuevo marco normativo sobre la pequeña propiedad agraria en un plazo máximo de 60 días.
A pesar de las observaciones de algunos parlamentarios sobre el nuevo marco legal pendiente, la mayoría de la asamblea priorizó el cese de la conflictividad. Con la ley ahora en manos del Ejecutivo, se espera que el Gobierno proceda a su promulgación inmediata para intentar disuadir los bloqueos que han generado desabastecimiento y asfixia económica en las principales ciudades.
Esta acción legislativa se produce en paralelo a los operativos de desbloqueo iniciados por la Policía y las Fuerzas Armadas, marcando un esfuerzo dual del Estado por recuperar el orden mediante la vía normativa y la intervención institucional.
