En respuesta al incremento de la conflictividad en el territorio nacional, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió este miércoles que el Ministerio Público activará procesos penales contra cualquier conducta que atente contra la paz social, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática.
Mariaca se pronunció ante la actual escalada de bloqueos y daños a las vías de transporte, señalando que estas acciones vulneran derechos esenciales de la población y ponen en riesgo la convivencia pacífica. La autoridad reafirmó el compromiso de la fiscalía de investigar con firmeza toda infracción legal, especialmente en un contexto donde sectores radicales han radicalizado su postura exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El Fiscal General subrayó que la labor de su institución es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad boliviana, tal como lo establece la Constitución Política del Estado.
Mariaca enfatizó que no se permitirá que las demandas sectoriales se impongan por encima del interés nacional, afectando el derecho de las familias a transitar libremente y vivir con seguridad. En este sentido, aseguró que la fiscalía ejercerá la acción penal pública con rigor contra quienes promuevan actos que desestabilicen el orden legal vigente o dañen la propiedad pública y privada en el marco de las protestas.
Pese a la advertencia de persecución penal, el titular del Ministerio Público apeló a la concertación para evitar mayores daños al país. Además, hizo un llamado explícito tanto al Gobierno nacional como a los sectores movilizados para que agoten todas las instancias de diálogo y encuentren caminos de entendimiento que permitan frenar la violencia.
«Garantizar el derecho de las familias bolivianas a vivir en paz es parte de nuestra labor», sostuvo la autoridad, concluyendo que la defensa de la democracia implica necesariamente el resguardo de sus instituciones y del derecho de la población a gozar de sus libertades constitucionales.
