Tras la emisión del nuevo requerimiento fiscal librado en Santa Cruz, el Comité pro Santa Cruz afirmó este jueves que el expresidente Evo Morales tiene únicamente dos alternativas: apersonarse de forma voluntaria ante las autoridades jurisdiccionales o ser conducido por la fuerza pública para responder por los delitos imputados.
El primer vicepresidente del ente cívico, Agustín Zambrana, enfatizó que la orden de aprehensión cuenta con más de un centenar de elementos de convicción que respaldan la presunta responsabilidad del líder cocalero en los 53 días de medidas de presión y bloqueos de carreteras. Asimismo, la representación cívica demandó a la Policía Boliviana la inmediata ejecución del mandamiento judicial, recordando que Morales debe ser procesado como un ciudadano común.
En declaraciones ante los medios de comunicación, Zambrana cuestionó la reticencia de Morales a someterse a la justicia ordinaria y advirtió que la persistencia en evadir los llamados de la ley debería acarrear sanciones constitucionales severas. En esa línea, sugirió que, de continuar al margen de la ley, las autoridades competentes deberían evaluar la suspensión de sus derechos ciudadanos, así como la retención de su pasaporte.
«Si va a seguir violando la justicia y actuando como si no fuera un ciudadano boliviano, entonces quítenle el pasaporte, quítenle la ciudadanía y los derechos constitucionales que gozamos todos los bolivianos”, aseveró el dirigente.
No obstante, el representante cívico aclaró que el proceso penal garantiza el pleno derecho a la defensa y que la institución que representa acatará los resultados de las pericias judiciales en caso de que se demuestre la inocencia del investigado. Asimismo, reiteró que el Comité pro Santa Cruz serà respetuoso de los fallos emitidos por los tribunales si los elementos aportados desvinculan a Morales de la autoría intelectual del cerco a las carreteras.
