En una intervención institucional destinada a frenar la extracción aurífera ilícita y salvaguardar una de las principales reservas ecológicas y acuíferas del valle cochabambino, el director ejecutivo nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime José Sanabria, anunció la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público, la suspensión inmediata de operaciones y el inicio del proceso de reversión del derecho minero denominado «El Dorado», ubicado en el municipio de Quillacollo, en inmediaciones de Misicuni .
La medida viene acompañada de la coordinación de un conjunto operativo con la Policía Boliviana para ingresar al perímetro, actualmente bloqueado por trancas, y proceder al decomiso o destrucción de la maquinaria pesada utilizada en la zona.
En conferencia de prensa, Sanabria precisó que el yacimiento abarca 13 cuadrículas correspondientes a un derecho preconstituido otorgado originalmente el 15 de noviembre de 2005 a favor de José Luis Eulogio Mir Franco, quien dejó de cancelar las patentes mineras desde la gestión 2014 y omitió el trámite obligatorio de adecuación establecido en la Ley 535.
Ante los señalamientos del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, quien atribuyó la concesión a la actual administración, el titular de la AJAM desmintió rotundamente esa versión y recordó que anteriores gestiones omitieron fiscalizar el sector durante años: «La AJAM actual no ha otorgado ningún derecho minero, sino que ha sido la AJAM del gobierno del MAS. Ellos han estado en funciones hasta hace pocos meses atrás y durante todos estos años no han hecho ninguna intervención ni inspección» , puntualizó.
Asimismo, el director nacional advirtió que registros fotográficos evidencian severos riesgos ambientales dentro del Parque Nacional Tunari, área protegida donde se asienta el área minera, señalando que las faenas detectadas rebasaron los límites de la concesión original, configurando el delito de minería ilegal.
En ese marco, anunció que el trámite de reversión concluirá en aproximadamente una semana y que se activará el cobro coactivo por casi doce años de patentes impagas, deuda estatal imprescriptible,emplazando además a la Secretaría Departamental de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba a asumir su competencia como autoridad ambiental para fiscalizar los daños ecológicos.
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