Este viernes, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de privación de libertad tras someterse a un procedimiento abreviado.
El acuerdo fue sellado entre su equipo jurídico y el Ministerio Público durante su audiencia celebrada en el mismo Palacio de Justicia que había presidido tiempo atrás, renunciando expresamente a la sustanciación de un juicio oral, público y contradictorio.
Según informes de medios locales cruceños, Quezada, quien inicialmente enfrentaba imputaciones por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, suscribió un convenio de salida alternativa con la comisión de fiscales, admitiendo su autoridad y participación en los hechos ilícitos descritos en la resolución judicial.
Esta salida procesal se concreta apenas tres días después de que el exmagistrado prestara una extensa declaración informativa el pasado 10 de noviembre, testimonio en el que implicó directamente al prófugo extitular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, como propietario del cargamento ilegal, y al detenido exfiscal general Roger Mariaca en la logística de extracción en el aeropuerto de Viru Viru.
Este fallo ocurre apenas unas horas después de que las investigaciones provocaran también la aprehensión nocturna de los exfiscal antinarcóticos Julio César Porras —quien fungió como primer investigador de la causa—, señalado por presunto encubrimiento y obstrucción al omitir la detención de exfuncionarios implicados.
