El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, endureció este martes el discurso del Órgano Judicial frente al Poder Ejecutivo en el marco de la disputa por la asignación de recursos económicos para los tribunales del país.
Desde el municipio de Buena Vista, en el departamento de Santa Cruz, Saucedo respondió con dureza a las declaraciones del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien tildó de «inaudita» la advertencia de los magistrados de iniciar un paro escalonado, manifestando que al Órgano Judicial «le sobra lo que al Gobierno le falta». Además, la máxima autoridad judicial ratificó el estado de emergencia del sector y emplazó al Gobierno a revisar el Presupuesto General del Estado en un plazo de 20 días.
El origen del conflicto radica en la disconformidad del Órgano Judicial con la asignación presupuestaria vigente, la cual representa apenas el 0,35% del Presupuesto General del Estado.
Según Saucedo, este porcentaje resulta insuficiente para cubrir necesidades operativas básicas, tales como la adquisición de materiales de escritorio o la renovación de sistemas informáticos declarados obsoletos, además de imposibilitar la aplicación real de las reformas estructurales que se demandan al sistema desde hace años. De igual forma, enfatizó ante los medios de comunicación que el reclamo no persigue incrementos salariales para los altos cargos ni para el funcionariado, sino la sostenibilidad técnica y logística de los juzgados.
«Si vamos a hablar de reforma en la Justicia, la reforma se hace con plata, con recursos», argumentó el presidente del TSJ. No obstante, pese al incremento de la tensión con el Gobierno, lel TSJ aclaró que el estamento judicial priorizará los canales institucionales de negociación antes de hacer efectiva la paralización de actividades.
En tal sentido, Saucedo propuso la convocatoria a una reunión de alto nivel que congregue al presidente Rodrigo Paz, a su gabinete ministerial y a los representantes de la Asamblea Legislativa para debatir tanto el incremento presupuestario como un paquete legislativo de reformas consensuado por el TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
