Este martes, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) le exige al Gobierno nacional la aplicación inmediata de un plan de «salvataje» financiero para las compañías en riesgo de quiebra, junto con la adopción de medidas definitivas que impidan los bloqueos de carreteras.
Al término de una cumbre de emergencia celebrada en Cochabamba, el liderazgo del sector privado evaluó las severas consecuencias macroeconómicas derivadas de 53 días de conflicto social ininterrumpido. El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, anunció que solicitarán una audiencia urgente con el presidente Rodrigo Paz y su gabinete ministerial para presentar un paquete de reformas orientadas a estabilizar el aparato productivo nacional.
El pronunciamiento de la CEPB sintetiza un pliego de demandas unificadas por las distintas ramas industriales y comerciales del país.
Entre las prioridades señaladas por Ortuño, destaca la estructuración de un programa de salvataje financiero que se ejecute de manera transversal, «sin exclusiones de sectores o regiones», orientado a dotar de liquidez a las unidades productivas vulnerables. Asimismo, el empresariado instó al Gobierno a garantizar la seguridad jurídica, otorgar previsibilidad a la política económica y legislar de manera punitiva contra la obstrucción de las vías fundamentales del país, un fenómeno que compromete las cadenas de suministro nacionales e internacionales.
En el ámbito fiscal y laboral, la cumbre empresarial planteó una moratoria a la creación de nuevas cargas salariales o impositivas que puedan agravar la actual situación de las empresas, sugiriendo en su lugar vías alternativas para mejorar el acceso a financiamiento blando sin alterar la estabilidad del sistema bancario.
Asimismo, Ortuño calificó los bloqueos como un mecanismo «profundo, injusto e inaceptable», e informó sobre la creación de una comisión jurídica interna que evaluará las responsabilidades civiles y penales de los promotores de las movilizaciones para exigir las reparaciones económicas pertinentes.
El recurso al bloqueo de caminos, consolidado «históricamente» como una de las herramientas de presión política más recurrentes por parte de sindicatos y movimientos sociales en el país, genera pérdidas millonarias diarias, debilitando las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y restando competitividad a las exportaciones no tradicionales en la región.
En ese sentido, los empresarios concluyeron que la formulación de este plan nacional de recuperación económica resulta indispensable para mitigar la destrucción de empleo formal y restaurar la confianza de los mercados e inversores extranjeros en la economía boliviana.
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