El presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, convocó este martes a una sesión del pleno parlamentario para abordar de manera institucional la revocatoria masiva de visados efectuada por el Gobierno de Estados Unidos contra 22 ciudadanos bolivianos.
No obstante, en un claro contrapunto a la postura de los presidentes de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, Lara rechazó que el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, deba apartarse de sus funciones basadas únicamente en determinaciones de un gobierno extranjero. La convocatoria fija un enfoque puramente informativo y fiscalizador, planteando la evaluación de antecedentes oficiales por la vía diplomática y la eventual creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria para proteger la soberanía jurídica y el debido proceso.
El documento de convocatoria emitido por la Vicepresidencia subraya que las decisiones migratorias unilaterales adoptadas por la administración de Donald Trump bajo la Sección 7031(c) y el programa Escudo de las Américas «no constituyen, por sí solas, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia».
Lara remarcó que cualquier indagación debe desarrollarse «bajo el estricto respeto» a la presunción de inocencia, la independencia de poderes y la autonomía constitucional del Ministerio Público. «No se puede destituir o presionar a una autoridad electa por la sola difusión de una lista de un Estado extranjero», sostuvo la Vicepresidencia, fijando una férrea defensa procesal ante la solicitud de suspensión promovida la noche del lunes por las cabezas de ambas cámaras legislativas.
La citación al pleno legislativo buscará canalizar las solicitudes de informe solicitadas al Ministerio de Relaciones Exteriores para que EE. UU. remita las evidencias concretas sobre la presunta red de sobornos e intermediación con el narcotráfico atribuidas a Mariaca, al exministro Iván Lima, al coronel Franz Cabrera y a una decena de operadores judiciales. La conformación de una comisión parlamentaria mixta se perfila como el mecanismo técnico para cruzar la información diplomática antes de considerar la apertura de un juicio de responsabilidades.
