El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, deslindó cualquier responsabilidad administrativa sobre el supuesto gasto de más de 100.000 bolivianos para un almuerzo oficial auspiciado por su despacho en conmemoración del 6 de agosto.
Lara salió al paso de las críticas vertidas por el exdiputado Amílcar Barral, revelando que en la actualidad se enfrenta a un duro recorte operativo que lo deja «sin presupuesto ni siquiera para comprar un bolígrafo». La autoridad, además, aclaró que los procesos de contratación, el personal y los diseños de la Vicepresidencia dependen de manera directa de la estructura del Ministerio de la Presidencia, por lo que anunció que solicitará informes técnicos y remitirá los antecedentes ante el Ministerio Público si se detectan anomalías.
La polémica cobró notoriedad pública luego de que Barral denunciara a través de plataformas digitales un presunto derroche de estatal en el servicio de alimentación de fondos para los actos patrios.
Frente a este escenario, Lara se enfatizó que la única retribución económica que percibe por parte del erario público es su salario mensual neto. «Mi salario no me alcanza para pagar una cena de cien mil bolivianos como han manifestado en algunas páginas y redes sociales», aseveró, desmarcando su nombre de cualquier manejo discrecional de recursos de representación.
Asimismo, aseguró ante los medios de comunicación que su firma no figura en ningún documento de carácter financiero del área logística en cuestión. «No van a encontrar nada en contra de mi persona, no van a encontrar un cheque, una orden de desembolso que yo haya firmado para pagar esas cenas. Son acusación alejadas de la verdad», recalcó, insistiendo en que el manejo del personal operativo asignado a su repartición se procesa bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia.
