Ante la severa crisis por el desabastecimiento de carburantes que paraliza al aparato productivo y logístico del país, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció este jueves que la administración departamental se encuentra en la fase final para concretar la importación, almacenamiento y comercialización directa de diésel y gasolina.
A través de un comunicado oficial, Velasco detalló que la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Hidrocarburos cruceña ultiman un convenio con una corporación privada internacional para proveer combustibles a precios de mercado y sin subvención estatal. Para viabilizar la medida de forma legal, el ejecutivo cruceño apeló a las facultades energéticas de su Estatuto Autonómico, aunque precisó que se necesita la intervención del Órgano Ejecutivo central mediante un Decreto Supremo.
La propuesta plantea una alternativa privada frente al actual esquema de distribución regulado por el nivel central. El proyecto busca otorgar certidumbre inmediata a los sectores agroindustriales de la región, garantizando el suministro regular de diésel para la maquinaria pesada y las cosechas de invierno, además de estabilizar el gasto de gasolina para el transporte urbano y comercial.
“La crisis de combustible está afectando a nuestro departamento y es mi obligación encontrar una solución definitiva (…). Esto no puede seguir así”, argumentó el gobernador al justificar la urgencia del plan de contingencia.
Para el respaldo jurídico del procedimiento, la Gobernación cruceña se ampara en los artículos 99 y 101 de su Estatuto Autonómico, apartados referidos al apoyo a la industria sectorial y la participación en la cadena productiva hidrocarburífera. Estas normativas facultan a la región a conformar sociedades de economía mixta o suscribir contratos de riesgo compartido con firmas extranjeras.
Sin embargo, para que el combustible importado pueda ingresar y distribuirse legalmente, la administración departamental cruceña requiere que el Gobierno nacional emita una normativa que autorice de manera expresa a las gobernaciones a operar en este ámbito, superando las restricciones legales vigentes que confieren exclusividad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
