Hay algo profundamente incoherente en la forma en que estamos viviendo la política y los conflictos sociales en Bolivia. Un grupo de dirigentes aparece ante las cámaras, habla a nombre de distritos enteros, asegura representar a miles de vecinos y termina dando por hecho que detrás suyo existe una mayoría. Pero, ¿quién consultó a esa mayoría?
Lo digo desde mi propia condición de ciudadano de El Alto: a mí no me representan. Y seguramente existen muchas otras personas que tampoco se sienten representadas por quienes se atribuyen públicamente la voz de toda una ciudad. Una organización o una dirigencia puede representar a sus afiliados o a quienes legítimamente le otorgaron ese mandato, pero eso no significa automáticamente que pueda hablar por cada vecino alteño.
Del otro lado está el Gobierno. Un Gobierno que, desde mi perspectiva, tampoco ha demostrado capacidad para responder a los problemas cotidianos de la población. Combustible, costo de vida, empleo y conflictividad continúan entre las preocupaciones que a diario vivimos. El estado de excepción pudo reducir los bloqueos, pero no solucionó las causas que los originaron.
Y en medio aparecen nuevamente los sectores radicales que parecen encontrar en el bloqueo la respuesta para todo. Bloquear una carretera puede ejercer presión sobre un Gobierno, pero también golpea al comerciante que pierde su mercadería, al transportista que vive del día, al enfermo que necesita llegar a un hospital, al trabajador que debe llevar dinero a su casa y a miles de ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad en la disputa. Los bloqueos de mayo y junio ya provocaron desabastecimiento y graves perjuicios económicos y sociales en el país.
Entonces Bolivia queda atrapada entre extremos: dirigentes que aseguran hablar por todos, un Gobierno cuestionado por distintos sectores y grupos que creen que cerrar carreteras es la única manera de hacerse escuchar. Mientras unos disputan poder, representación y espacios de decisión, el ciudadano común termina pagando la factura.
También hay que reconocer algo elemental: protestar es un derecho y reclamar soluciones es legítimo. Pero ningún dirigente debería apropiarse de la voz de toda una población sin haberla consultado. Del mismo modo, gobernar no puede reducirse a contener protestas mediante un estado de excepción. El propio Defensor del Pueblo ha advertido que una medida excepcional puede enfrentar temporalmente una crisis, pero no resolver sus causas estructurales.
Tal vez el verdadero problema sea que seguimos escuchando demasiado a quienes gritan más fuerte y demasiado poco a quienes simplemente quieren trabajar, producir, estudiar y vivir tranquilos. Ese también es pueblo. El que no bloquea, el que no pertenece a una dirigencia y el que no aparece frente a las cámaras tiene exactamente el mismo derecho a ser escuchado.
Bolivia necesita recuperar algo que parece cada vez más escaso: sentido común. Ni asumir la representación de todos, ni gobernar ignorando los problemas, ni perjudicar a millones para imponer una demanda deberían convertirse en nuestra normalidad.
Porque entre quienes dicen representarnos y quienes dicen gobernarnos existe una mayoría silenciosa que pocas veces es consultada. Y quizá ha llegado el momento de empezar a escucharla.
El Alto, 16 de septiembre de 2026
