El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, denunció ante la Cámara de Diputados la existencia de graves hechos de corrupción en la distribución de bonos sociales durante administraciones pasadas, tras detectarse beneficiarios inexistentes y cobros dobles sistemáticos.
Durante la sustentación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la autoridad expuso que la fiscalización técnica permitió identificar irregularidades extremas, como tutores registrados para cobrar transferencias hasta por 67 menores de edad. Para erradicar estas prácticas ilícitas, el Ejecutivo impulsa la creación del Registro Social de Hogares, una herramienta de focalización y digitalización financiada dentro del mismo paquete de financiamiento internacional.
Espinoza detalló que el crédito legislado destina 485 millones de dólares exclusivamente al fortalecimiento y pago del complemento de la Renta Dignidad, mientras que 12,5 millones de dólares financiarán la implementación del nuevo padrón de vulnerabilidad.
La autoridad «desmintió» a sectores de la oposición que afirmaban que la medida buscaba suspender los beneficios a los adultos mayores o sectores desprotegidos. Y explicó, en cambio, que el objetivo central es digitalizar y bancarizar los desembolsos para cerrar el margen a la manipulación política e intermediación fraudulenta, aclarando además que esta base de datos no sustituye los censos de población al medir indicadores específicos de ingreso socioeconómico.
En el debate parlamentario, el titular de Economía respondió a los cuestionamientos de la bancada de Alianza Popular señalando que los esquemas asistenciales previos no lograron resolver los problemas de fondo de la pobreza en el país. «Los últimos 20 años, después de 60.000 millones de dólares de rentas y más de 40.000 millones en deuda, lo que nos han dejado es un país con la mitad de la población pobre», señaló Espinoza, defendiendo la necesidad de transparentar la administración de los recursos públicos mediante auditorías continuas e innovación tecnológica en las transferencias estatales.
