El expresidente Evo Morales Ayma aseguró este miércoles que fue invitado a la ceremonia de investidura del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, que se celebrará este sábado 8 de noviembre en La Paz.
Sin embargo, el también líder cocalero condicionó públicamente su asistencia al evento a que el Gobierno saliente le otorgue «garantías» legales, exigiendo el levantamiento de los procesos judiciales y la anulación de las «medidas ilegales» que buscan su detención.
En un comunicado, Morales expresó su deseo de asistir y deseó éxito a los nuevos mandatarios «para el bien de los bolivianos». No obstante, supeditó su presencia a un trato judicial favorable, alegando persecución política.
El líder del Chapare instó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a actuar con celeridad, comparando su situación con la de otros actores políticos.
«Por principios de justicia y legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia —tal como benefició a los autores del golpe de 2019— debe ordenar, de inmediato, el cierre de los procesos que me abrieron por razones de persecución y proscripción», sostuvo.
Morales reclama el cierre de los procesos que, según él, fueron «inventados» con fines de persecución política. Esta declaración introduce un factor de controversia judicial y política a solo días de la transmisión de mando en la Asamblea Legislativa.
