El exministro de Justicia, César Siles, fue beneficiado con detención domiciliaria sin derecho a trabajo ni escolta; tras una audiencia de apelación a la medida de detención preventiva que pesaba en su contra dentro del denominado caso “Consorcio”, relacionado a presuntos actos de manipulación judicial para la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira.
La decisión fue asumida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, según informó su abogado, Alberto Morales, en entrevista con la red RTP.
“La Sala Penal Tercera decidió en audiencia de apelación de medida cautelar disponer la detención domiciliaria sin derecho al trabajo y sin escolta”, señaló el jurista.
Además, Siles deberá pagar una fianza de 50 mil bolivianos, tiene arraigo (prohibición de salir del país) y debe presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público. Estas condiciones comenzarán a aplicarse oficialmente una vez que el exministro cumpla con la fianza y se registre el arraigo.
Antecedentes del caso
César Siles fue aprehendido el pasado 21 de junio tras la difusión de un audio en el que presuntamente se lo escucha conversar sobre un proceso judicial destinado a apartar del cargo a la magistrada Coaquira. A raíz de este material, fue imputado por consorcio y tráfico de influencias, delitos vinculados a la formación de redes entre operadores judiciales para fines irregulares.
Inicialmente, un juez anticorrupción ordenó cinco meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya. Sin embargo, poco después de la audiencia judicial, Siles sufrió una descompensación que lo llevó a ser internado en un centro médico, donde permanecía hasta conocerse la decisión judicial de cambiar su régimen de detención.
Otros involucrados
La investigación del Ministerio Público también alcanza a otros operadores judiciales y abogados:
El juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, guarda detención preventiva por seis meses.
La exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, cumple detención preventiva de cuatro meses.
El magistrado suplente Iván Campero y el abogado José Ramiro Uriarte fueron beneficiados con detención domiciliaria, aunque el Ministerio Público apeló esa medida.
El caso ha generado amplio debate en el ámbito judicial y político, debido a las implicancias sobre la independencia del Órgano Judicial y el presunto uso de influencias para forzar decisiones judiciales.
