La Fiscalía de La Paz presentó la acusación formal contra el exministro de Justicia, César Siles, y un grupo de exautoridades involucradas en el caso denominado ‘Consorcio’. El fiscal Miguel Cardozo informó que la acusación incluye los delitos de tráfico de influencias y organización criminal, solicitando una sentencia de 10 años de cárcel, la sanción máxima prevista para este tipo de estructuras delictivas.
El caso, que estalló a mediados de 2025, expuso una red dedicada a manipular fallos para remover a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
La pieza central que sostiene la acusación es un peritaje técnico a grabaciones de audio donde se escucha al entonces ministro Siles ofreciendo garantías al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para que dictara la destitución de Coaquira mediante una Acción de Cumplimiento.
El objetivo final era que el suplente, Iván Campero, asumiera el cargo titular. Este entramado cobró un cariz trágico tras el suicidio del juez Lea Plaza meses después de sufrir las presiones del consorcio. Entre los acusados figuran también los exvocales Yván Córdova y Claudia Castro, además del propio Campero y funcionarios que direccionaron el sorteo del proceso.
El Ministerio Público reveló que rechazó un intento de acuerdo transaccional entre el exministro Siles y la víctima, debido a que el documento carecía de la firma de la magistrada Coaquira. Actualmente, de todos los implicados, solo la exvocal Claudia Castro se encuentra bajo detención preventiva en el penal de Obrajes, mientras que el resto goza de medidas sustitutivas. Por su parte, Antonio Amelunge, señalado como uno de los articuladores de la demanda legal, permanece prófugo y será juzgado en rebeldía.
