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Fiscalía rechaza la denuncia por los audios filtrados contra el ministro Zamora y la primera dama «Bibi» Urquidi

Presentada por los delitos de tráfico de influencias y nombramientos ilegales a raíz de las filtradas conversaciones del exasesor argentino recluido en Chonchocoro, la acción legal fue frenada por la Fiscalía, provocando el anuncio de impugnación por parte del denunciante.

El Ministerio Público desestimó la denuncia penal presentada contra el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y la primera dama, María Elena «Bibi» Urquidi.

La acción penal, inicada por el jurista Guido Calcina a raíz de la filtración de grabaciones de audio que involucran al exasesor político argentino Fernando Cerimedo, buscaba procesar a ambas figuras por los delitos de tráfico de influencias, beneficio en razón del cargo y nombramientos ilegales dentro del aparato estatal.

Al confirmar la notificación del rechazo fiscal, el abogado Calcina se arremetió contra la máxima autoridad del Ministerio Público, asegurando que la desestimación confirma la falta de autonomía del sistema de persecución penal.

«Hay un proteccionismo a las altas esferas del poder. El fiscal general, Armando Urioste, ya no puede garantizar la independencia; la Fiscalía se somete al poder político», aseveró el jurista, quien anunció que interpondrá un recurso de impugnación formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz para evitar el archivo definitivo de la causa, fundamentando que existen indicios sobre direccionamiento de contrataciones y designaciones irregulares en empresas estratégicas.

El caso tiene como trasfondo la difusión de más de una decena de archivos de audio atribuidos a Fernando Cerimedo, exestratega de campaña del presidente Rodrigo Paz, de los cuales peritajes y verificadores confirmaron la autenticidad de la mayoría de los registros donde se abordan manejos de la administración pública.

Cerimedo se encuentra actualmente en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro imputado por enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio, sumando además indagaciones por presunta violencia familiar y nexos con el tráfico de sustancias controladas en el departamento del Beni.

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