Lanzando una dura interpelación a la estrategia de pacificación que implementa el Gobierno en medio de la crisis por lo bloqueos, el reconocido analista y líder liberal Jaime Dunn exigió hacer respetar de forma estricta la Constitución Política del Estado (CPE) y la seguridad jurídica de los bolivianos. Asimismo, fustigó la posibilidad de que el Gobierno utilice la suspensión o negociación de mandamientos de aprehensión como moneda de cambio político para levantar las los bloqueos.
A su juicio, si el Estado instruye capturar a un ciudadano por violentar la ley y posteriormente lo exime de cargos en una mesa de negociación, está confesando su propio fracaso y entregando la estabilidad democrática al chantaje de los sectores con mayor capacidad de daño.
“Si el Estado manda arrestar a alguien por quebrantar la ley y luego lo libera producto de una negociación política, entonces confiesa su fracaso: o no había delito y fue persecución política, o sí había delito y se negoció la ley. En ambos casos, pierde Bolivia”, reflexionó con severidad el especialista, delineando el quiebre del Estado de derecho que conllevan las concesiones jurídicas extraordinarias.
Además, Dunn enfatizó que el sistema democrático bajo ninguna circunstancia puede permanecer en calidad de «rehén» de agrupaciones corporativas o facciones radicales que basen su peso de representatividad en su aptitud fáctica para bloquear carreteras troncales, paralizar la vida de los centros urbanos o extorsionar al resto del país.
Para el analista, si bien la atención y escucha de las demandas sociales legítimas constituye una obligación inherente a las funciones del Órgano Ejecutivo, capitular ante una «presión destituyente» que busca forzar la salida de un mandatario electo no califica como un proceso de diálogo genuino, sino como una abierta muestra de debilidad de las instituciones del Estado.
Finalmente, Dunn recordó los pilares normativos de país y señaló que los gobiernos constitucionales únicamente se cambian en las urnas a través del ejercicio del voto soberano de la población y respetando la voluntad de las mayorías ciudadanas, y nunca mediante la imposición de bloqueos que asfixian y castigan al pueblo trabajador.
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