El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, denunció la existencia de una “narrativa de desprestigio” en su contra, estructurada mediante cuestionamientos públicos a su patrimonio y a la reciente compra de un vehículo particular.
A través de un comunicado oficial emitido por su despacho, Espinoza exigió que las acusaciones se sustenten en información contrastada y documentos verificables, luego de que el vicepresidente Edmand Lara presentara una denuncia penal en su contra por presuntas irregularidades en la adquisición del motorizado. La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del ministerio vinculó el acoso mediático con un reclamo económico pendiente de aproximadamente 3 millones de bolivianos formulado por el periodista Junior Arias, derivado de contratos publicitarios suscritos durante el gobierno anterior de Luis Arce.
La controversia cobró fuerza tras evidenciarse que Espinoza canceló un valor real de 350.000 bolivianos por el automóvil, mientras que en la minuta de transferencia se registró una partida de 50.000 bolivianos, aparente subvaluación que motivó la denuncia del Vicepresidente ante el Ministerio Público.
El ministro lamentó que esta observación inicial esté siendo utilizada para formular ataques sucesivos de índole personal y familiar, rechazando de igual forma que personas enviadas por un medio de comunicación filmaran su motorizado en exteriores de un domicilio privado para realizar insinuaciones infundadas. Al respecto, la autoridad declaró que la ubicación del coche no acredita la titularidad del inmueble, «un dato que puede verificarse fácilmente en los registros públicos correspondientes».
En el plano administrativo y de resguardo de los recursos públicos, Espinoza apuntó de forma directa contra el comunicador Junior Arias. Y detalló que éste mantuvo numerosos contratos con el Estado durante el gobierno de Luis Arce y que, a la fecha, existe un reclamo de pago de cerca de 3 millones de bolivianos correspondiente a esa gestión. El ministro enfatizó que, al tratarse de fondos públicos heredados de una administración anterior, es su obligación constitucional verificar la legalidad del procedimiento, el respaldo de los contratos y el cumplimiento efectivo de dichos servicios comunicacionales antes de autorizar cualquier desembolso.
