La Justicia boliviana determinó enviar a prisión preventiva a 19 personas acusadas de sustraer dinero del avión Hércules C-130 accidentado en El Alto. El juez Marco Antonio Amaru ratificó la solicitud del Ministerio Público, estableciendo un periodo de cuatro meses de reclusión mientras avanzan las investigaciones por el robo de los valores de la nueva «Serie B».
Del grupo de 35 procesados, 15 obtuvieron medidas sustitutivas bajo estrictas condiciones, marcando un precedente judicial ante los actos de pillaje registrados en medio de la tragedia aérea que ya suma 24 fallecidos.
Los 19 enviados a la cárcel cumplirán su detención en distintos centros penitenciarios: el penal de Patacamaya, el Centro de Rehabilitación de Qalahuma (para jóvenes) y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Según explicó el juez Amaru, en entrevista con Unitel, la medida busca garantizar la presencia de los imputados durante la etapa de recolección de pruebas, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos por robo agravado y asociación delictuosa en una zona de desastre.
Para los otros 15 implicados, la Justicia dictó detención domiciliaria estricta, arraigo y la obligatoriedad de firmar el cuaderno de investigaciones periódicamente. Además, cada imputado debe presentar dos garantes solventes que, en caso de incumplimiento o fuga, deberán depositar la suma de Bs 25.000 cada uno.
Solo uno de los procesados fue beneficiado con libertad «pura y simple» al no encontrarse indicios suficientes de su participación en el saqueo.
El despliegue judicial ocurre luego de que las imágenes virales mostraran a decenas de personas rompiendo el cerco de seguridad del accidente el pasado viernes para apoderarse de fajos de billetes esparcidos tras el accidente.
Estos actos dificultaron las tareas de rescate de las víctimas y la atención de los 37 heridos. El Banco Central de Bolivia (BCB) ya ha invalidado legalmente las series robadas, convirtiendo el botín en papel sin valor comercial, lo que no exime a los autores de la responsabilidad penal por el ataque a bienes del Estado bajo custodia militar.
Por último, la Fiscalía no descarta ampliar la investigación a otras personas identificadas en videos de seguridad y redes sociales que aún no han sido aprehendidas.
