El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció públicamente este jueves y pidió al Gobierno hacer una “mea culpa” frente a la crisis económica y social que atraviesa el país. También rechazó una posible ampliación del estado de excepción y pidió a las autoridades concentrarse en resolver los problemas que afectan a la población.
Argollo explicó que se mantuvo alejado de los medios durante los últimos meses para no perjudicar la defensa legal de las personas detenidas durante los bloqueos registrados hasta junio. Además, negó que la COB haya abandonado sus demandas o llegado a acuerdos que impliquen “venderse” al Gobierno.
El dirigente expresó especial preocupación por el impacto del Decreto Supremo 5676, que elevó a Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores. Según Argollo, el incremento repercute directa e indirectamente en los costos de producción y termina afectando el precio de los productos de la canasta familiar.
“Estamos viviendo una situación muy crítica”, afirmó, al cuestionar que continúen las dificultades para acceder a combustible y que el costo del diésel siga generando problemas para diferentes sectores de la economía.
Respecto a los acuerdos alcanzados entre la COB y el Gobierno, señaló que el avance de las mesas de trabajo no es satisfactorio y cuestionó la ausencia de algunos ministros y autoridades. Anunció que se realizará una evaluación del cumplimiento de los ocho puntos acordados el 19 de mayo.
Argollo también cuestionó la posibilidad de ampliar el estado de excepción, vigente hasta mediados de septiembre y cuya eventual extensión requeriría el aval de la Asamblea Legislativa.
“El Gobierno central no puede gobernar a punta de estados de excepción. Eso no es democrático”, afirmó el dirigente, quien consideró que una ampliación sería un error y pidió al Ejecutivo y al Legislativo priorizar los problemas económicos, energéticos, políticos y sociales.
El ejecutivo de la COB aclaró que su posición no representa un llamado a derrocar al Gobierno ni a generar una ruptura institucional, sino una exigencia para que las autoridades respondan a las necesidades de la población.
Su organización prevé convocar a una ampliada nacional, posiblemente en septiembre, para evaluar los tres meses de vigencia del estado de excepción y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno. También anunció que analizará la situación junto con el sector campesino y otras organizaciones que participaron en las movilizaciones anteriores.
Argollo sostuvo que la COB mantiene como prioridad el diálogo y la acción orgánica, pero advirtió que el descontento social puede aumentar si el Gobierno no encuentra respuestas a los problemas económicos que afectan a las familias bolivianas.
(27-08-2026)
