Este viernes, el Ministerio Público y la Policía Boliviana allanaron el departamento de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del expresidente Luis Arce, como parte de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas y afectación al Estado.
La intervención busca pruebas sobre la adquisición de un patrimonio que, según la fiscalía, resulta inexplicable para un joven que recientemente dejó la función pública.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, lideró el operativo en el inmueble valuado en 700.000 dólares. La investigación no se limita a la vivienda: el expediente incluye la compra de dos parqueos y dos vehículos de alta gama, activos que habrían sido adquiridos con fondos de origen desconocido, presuntamente provenientes del erario público durante la administración de su padre.
“El sindicado habría adquirido estas propiedades mediante transacciones que no coinciden con su perfil económico. Investigamos si estos recursos tienen relación con el desvío de dineros estatales”, declaró Tórrez tras el allanamiento.
Este operativo no es un hecho aislado. Rafael Arce ya enfrentaba una imputación formal y una alerta migratoria por el caso “Adán y Eva”, una propiedad agrícola en Santa Cruz de más de 2.000 hectáreas valuada en 3,3 millones de dólares.
La situación de los hijos de Arce complica la narrativa de defensa del exmandatario, quien actualmente enfrenta cargos por el desfalco millonario al Fondo Indígena. Mientras el gobierno de Rodrigo Paz sostiene que estas acciones son parte de una «limpieza institucional», los sectores leales al anterior gobierno denuncian una persecución política sistemática contra la familia Arce Mosqueira.
