En un fallo que otorga un respiro estratégico al gobierno de Rodrigo Paz, la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz rechazó este viernes la Acción Popular interpuesta contra el Decreto Supremo 5503. La resolución judicial despeja, al menos temporalmente, el camino legal para la aplicación de las medidas de ajuste económico, justo en el momento en que la Central Obrera Boliviana (COB) y el Ejecutivo mantienen una tensa tregua en las mesas de negociación.
El tribunal cruceño determinó que la vía utilizada por el demandante no es la adecuada para cuestionar la validez de una norma de alcance nacional, devolviendo la pelota al campo del control constitucional estricto.
El vocal Alaín Núñez, durante una audiencia virtual seguida con atención por sectores gremiales y empresariales, fue tajante al señalar que una Acción Popular —diseñada para proteger derechos colectivos como el medio ambiente o la salud— no puede ser utilizada como un atajo para declarar la inconstitucionalidad de un decreto.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es el único competente para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de decretos”, sentenció Núñez, subrayando que la justicia ordinaria no tiene la facultad de anular el «espíritu» de la reforma económica de Paz por esta vía.
Para los sectores movilizados, la decisión de la Sala Constitucional es vista como una «maniobra dilatoria» que traslada la solución del conflicto a un tribunal en Sucre que ya ha sido cuestionado por su cercanía con el poder político.
