El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, descartó la posibilidad de declarar un estado de excepción en el país. Y argumentó que una medida de esa naturaleza solo provocaría un incremento innecesario en la tensión social.
No obstante, la autoridad advirtió que la desestimación del estado de sitio no significa debilidad, anunciando la inmediata aplicación de «medidas más duras y estrictas» que contemplan un incremento masivo de efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en los puntos críticos de La Paz y la urbe alteña.
Oviedo fundamentó la decisión del gabinete del presidente Rodrigo Paz señalando que, pese a la magnitud de los destrozos, el conflicto se encuentra geográficamente focalizado en la sede de Gobierno.
El plan de contingencia gubernamental priorizará la saturación de las calles mediante el patrullaje combinado militar-policial, con el fin de blindar los servicios públicos y recuperar el control del centro urbano.
«Vamos a tomar medidas duras, estrictas, se va a incrementar el número de presencia de las fuerzas del orden», sentenció el ministro, luego de asegurar que el Estado tiene la capacidad operativa de restablecer la paz social sin necesidad de suspender las garantías constitucionales de los ciudadanos.
La mirada del Gobierno está puesta ahora en la identificación y captura de los manifestantes que protagonizaron el asalto a la propiedad pública y privada. En ese sentido, Oviedo advirtió que los «delincuentes» que participaron en el vandalismo serán sujetos a sanciones penales más severas.
No obstante, lamentó profundamente el saldo de heridos de la jornada previa, haciendo especial mención al dramático caso del policía que fue brutalmente golpeado mientras custodiaba la estación de la Línea Celeste en la avenida Camacho, un hecho que ha encendido las alarmas en el Alto Mando Policial.
