La justicia boliviana vivió ayer martes una de sus jornadas más tensas. En pocas horas, cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habían extendido su mandato fueron cesados de manera inmediata por la Sala Constitucional Primera de Potosí. Luego, un juzgado de Santa Cruz ordenó la aprehensión de cuatro de ellos.
Mientras esto ocurría, los magistrados elegidos en 2024 se reunieron en Sala Plena y designaron a Paola Verónica Prudencio como nueva presidenta del TCP, con el objetivo de retomar el control institucional.
Cese inmediato y suspensión de sueldos
La Sala Constitucional de Potosí determinó que los magistrados autoprorrogados debían dejar el cargo sin esperar los diez días que había fijado el TCP horas antes. También ordenó suspender el pago de sus salarios, retirarles el acceso a oficinas y enviar el caso al Ministerio Público para investigar presunta usurpación de funciones.
Esta decisión surgió de una acción popular presentada por la ciudadana Sandra Beatriz Aiza, quien denunció que la autoprórroga afectó el funcionamiento institucional y causó daño económico al Estado.
Órdenes de aprehensión en Santa Cruz
En paralelo, el Juzgado de La Guardia ordenó la aprehensión de cuatro de los magistrados cesados:
- Gonzalo Hurtado
- René Espada
- Julia Cornejo
- Karem Gallardo
La exmagistrada Isidora Jiménez no fue incluida porque renunció horas antes. La Policía fue instruida para ejecutar las órdenes.
Intento fallido de blindaje
Antes de estas resoluciones, los magistrados autoprorrogados habían emitido un auto que prohibía a los jueces fallar en su contra. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó esa medida y la calificó como un intento de presión.
Nueva presidencia y medidas urgentes
Tras recuperar la administración del TCP, los cuatro magistrados electos nombraron a Paola Prudencio como presidenta. Ella anunció medidas inmediatas para transparentar la institución, entre ellas:
- hacer públicos los sorteos de expedientes,
- revisar el presupuesto,
- convocar a nuevos funcionarios,
- realizar auditorías internas,
- y retirar el cerco de seguridad del edificio.
Prudencio afirmó que el TCP retomará su rol como garante de derechos y no como “instrumento de presión”.
Antecedentes
Los magistrados cesados continuaban en funciones desde diciembre de 2023, cuando venció su mandato. Una declaración constitucional emitida ese año les permitió permanecer hasta que se realizaran las elecciones judiciales, pero la prórroga se mantuvo incluso después de la votación de 2024, lo que generó protestas y acciones legales.
(26-11-2025)
