El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció la noche de este martes la presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 ante la Asamblea Legislativa. El documento centraliza un ambicioso recorte de Bs 4.100 millones en gastos de funcionamiento del gobierno central, incluyendo viáticos, pasajes y publicidad, para redireccionarlos hacia la salud y la educación.
Con un monto global de Bs 390.000 millones, el nuevo presupuesto busca corregir las distorsiones de gestiones anteriores y fijar una meta de déficit fiscal del 9% del PIB, partiendo de supuestos económicos más conservadores y realistas.
El ajuste no solo implicaría recortes, sino una ‘redistribución estratégica’ hacia el capital humano. Espinoza detalló que se asignarán más de Bs 1.000 millones adicionales para fortalecer los servicios sociales, lo que permitirá la creación de más de 3.000 ítems en educación, 2.400 en salud y 1.500 en seguridad.
Esta medida busca aliviar la presión sobre los servicios públicos básicos en un momento de alta demanda social. Además, el Ejecutivo remitirá un proyecto de ley complementario para agilizar las transferencias a los gobiernos subnacionales, reduciendo drásticamente los plazos burocráticos de aprobación para facilitar la ejecución regional.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es la intervención en el sector empresarial del Estado. El Gobierno ha establecido un periodo de 90 días para evaluar el desempeño de todas las empresas públicas; aquellas que resulten deficitarias serán cerradas o liquidadas, ya sea mediante decreto o mediante ley, según su origen legal.
Esta revisión técnica sería parte del esfuerzo por sincerar las finanzas públicas, cuyos datos ya se encuentran parcialmente disponibles en la plataforma Presupuesto Abierto y podrán ser monitoreados mediante el sistema de seguimiento en tiempo real una vez que la Asamblea dé «su visto bueno».
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