La Policía Boliviana ha negado rotundamente el uso de armas de fuego durante el operativo de desbloqueo en el botadero de Cotapachi, Colcapirhua, donde dos comunarios murieron por proyectiles. El comandante departamental de Cochabamba, coronel Alejandro Basto, aseguró que los efectivos fueron “emboscados” por los comunarios, ocasionando siete uniformados heridos.
El enfrentamiento, que tuvo lugar la mañana del lunes para habilitar el acceso al relleno sanitario bloqueado durante 12 días, es ahora objeto de una exhaustiva investigación por parte de una comisión de fiscales.
“La Policía, al momento de salir, ha sido emboscada, fruto de ello tenemos siete efectivos heridos”, declaró el coronel Basto, rechazando las acusaciones de los pobladores sobre disparos por parte de los uniformados.
La defensa legal de los policías, representada por el abogado Rolando Ramos, sostuvo que la intervención fue legal y proporcional, ejecutada en cumplimiento de una resolución judicial debido al riesgo de salud pública por la acumulación de basura.
Ramos denunció que los efectivos fueron víctimas de secuestros, torturas y ataques con objetos contundentes y presuntos explosivos. Cuatro uniformados, incluyendo dos sargentos y dos tenientes, fueron retenidos temporalmente y golpeados. Uno de los policías heridos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extraerle 37 esquirlas. En ese sentido, el abogado anunció que se ampliará la denuncia a tentativa de homicidio.
En tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga el caso bajo tres tipos penales: homicidio, instigación pública a delinquir y lesiones graves y leves. Y peritos analizan ahora los indicios balísticos para determinar la procedencia y el calibre de los proyectiles que causaron la muerte de los dos comunarios.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge García Pinto, realizó una inspección ocular junto a los fiscales y confirmó que las autopsias de las dos víctimas fatales ya fueron practicadas. García Pinto no descartó la participación de grupos de choque ajenos a la comunidad, una línea que también es parte de la investigación para establecer la verdad de los hechos y a los responsables del uso de armas letales.
